Algo que casi nadie pregunta hasta que ya es tarde: si tu oficial de cumplimiento detecta una señal de alerta y nadie de la gerencia actúa sobre eso, ¿quién responde después ante el regulador?
Lo he visto en más de una organización en la región. Existe el programa de compliance, existe el oficial, incluso existe el reporte de la alerta. Pero no existe un proceso claro de escalamiento y decisión. El papel está, la ejecución no.
Esa brecha entre tener un programa y que el programa funcione es la que termina costando más caro, porque frente a un regulador o un banco corresponsal, la pregunta no es si existía la política, sino si se siguió.
¿Tu organización tiene un proceso definido de qué pasa después de que se levanta una alerta, o se resuelve caso por caso?
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