Un caso que veo repetirse: una empresa extranjera entra a Guatemala a través de un socio local. La estructura se arma rápido, el negocio arranca, todo parece en orden. Meses después, en una revisión de rutina para abrir una cuenta corresponsal en EE.UU., el banco pide información detallada de titularidad real. Ahí aparece que uno de los accionistas indirectos del socio local tiene un vínculo cercano con una persona políticamente expuesta (PEP) que nunca fue declarada ni verificada. El resultado: meses de retraso, banca interrumpida, y una relación comercial que tuvo que reestructurarse desde cero, todo por no verificar la titularidad real hasta el nivel de persona natural desde el inicio. La lección no es "desconfiar de todo". Es simple: la debida diligencia no es un trámite, es lo que evita que un negocio bueno se convierta en un problema regulatorio.